ocupaciones en España

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La “ocupación” en España desde la perspectiva legal

La ocupación se ha convertido en uno de los problemas más tratados por los medios de comunicación, fuente de innumerables debates mediáticos y lugar común de la conflictividad social en el imaginario popular. 

Sin embargo, en el barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre preocupaciones generales de los españoles, donde se busca una respuesta espontánea acerca de los principales problemas del país (ver pregunta 16, p. 7), la ocupación no aparece por ningún lado. La vivienda como tal, que en sí misma representa un problema de dimensiones considerables, apenas se menciona en un 2,4% de los entrevistados.

Si bien el mismo sondeo muestra que tres de cada cuatro españoles temen por la situación económica y el 26% reconoce no llegar a fin de mes, el impacto emocional de la ocupación de viviendas añade una tensión palpable. Crece el miedo ante la posibilidad de sufrir esta lacra y la indignación ante los casos de mayor indefensión que llegan a conocimiento de la opinión pública.

En cualquier caso, cuando una persona, una familia, o un propietario en general, tienen la desgracia de ver su propiedad ocupada, y de manera singular cuando se trata de su vivienda habitual, se convierte en una experiencia tan desagradable como injusta. Saber cómo actuar, a quién acudir y qué medidas tomar, se convierte en un factor determinante del posterior devenir de los acontecimientos.

Datos generales sobre ocupación en España

Lo cierto es que las denuncias provocadas por intentos de ocupación crecen cada año. Al menos desde 2016 (10.000 denuncias), hasta las 14.792 registradas en 2020, el último año del que disponemos de datos completos y cerrados. Al tratarse de una actividad ilegal, y por tanto clandestina, sucede que no resulta nada fácil recabar la información necesaria para alcanzar una visión detallada del problema, y, en consecuencia, tampoco global.

La peor situación se da en Cataluña, con 17 denuncias por cada 10.000 viviendas, llegando a sextuplicar a las Comunidades menos afectadas. Del total de denuncias registradas en España, más de 7.300, el 42 %, proceden de Cataluña. Y, Barcelona, la más poblada de las cuatro provincias catalanas, registra más del 70% de todos los hechos relativos a ocupación en toda la Comunidad.

En la lista de Comunidades más afectadas, le siguen Canarias, Baleares y Andalucía.

La ocupación como concepto: causas, soluciones

El problema de la ocupación lo sufren, fundamentalmente, los propietarios de la vivienda o el inmueble ocupado; pero no hay que olvidar que, al otro lado, a menudo los ocupantes actúan movidos por motivos de supervivencia. Como tampoco podemos ignorar que, entre ambos, hay unas mafias perfectamente organizadas que agravan el problema con intervenciones tan inhumanas como criminales.

Entre las causas de la ocupación podemos contar las siguientes:

  • La enorme cantidad de pisos vacíos, que se cuentan por centenares de miles en toda España.
  • La suma continuada de crisis económicas o que terminan siendo también económicas, como la pandemia de la COVID-19 o la guerra en Ucrania, entre otras.
  • El elevado número de desahucios sumado a cierto “efecto rebote” de la Ley Antidesahucios de 2021.
  • La actividad de las mafias.
  • El elevado coste de la vivienda, tanto en propiedad, como en alquiler.

Las soluciones ya son otra cuestión. La demanda de soluciones reales e inmediatas para acabar con la ocupación crece cada día en nuestra sociedad. En 2020, la Fiscalía General del Estado publicó una serie de criterios de actuación ante los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. Pero, al margen de estas indicaciones, parece claro que la clave, en todo caso, es la rapidez de la actuación.

La legislación ofrece dos vías: penal y civil. Y, en última instancia, queda la posibilidad de acudir a empresas de desocupación.  

Una visión jurídica sobre la ocupación

Algunos partidos políticos españoles tienen muy definidas las fórmulas que proponen para acabar con la ocupación. Pero, lo cierto es que, ya en 2017, se calculaba que unas 270.000 personas vivían dentro de algún tipo de ilegalidad habitacional. Entre las posibles alternativas para proceder ante una ocupación, tanto el modelo de mediación, como la apertura de procesos judiciales requieren la intervención de un asesor jurídico.

La vía penal

Requiere presentar denuncia acreditando el título de propiedad y la solicitud de la medida cautelar de la devolución de la vivienda con la máxima rapidez. La ocupación se puede traducir en un delito de allanamiento de morada, en el caso de inmuebles donde el propietario lleva a cabo su vida cotidiana, es decir, vivienda habitual o segunda residencia. En caso de condena, el allanamiento conlleva penas de prisión de seis meses a dos años. El delito de usurpación, sin embargo, de uno a tres meses.

La vía civil

Es un procedimiento reservado a las personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas, como las gestoras de vivienda social. Permite notificar la demanda de desahucio sin tener datos concretos de los ocupas. Aunque es un proceso que busca la rapidez, el hecho es que se tiende a complicar por numerosas razones.

Las empresas de desokupación

Desde la perspectiva jurídica, es muy importante observar que debe exigirse a las empresas contratadas el empleo de métodos y acciones legales, habiendo pactado un presupuesto cerrado antes de la actuación.

En conclusión

Los mejores consejos que podemos ofrecer frente a un caso de ocupación, sobre todo en los primeros momentos, son estos: tratar de mantener la calma, por difícil que resulte en un principio, acudir a la policía con rapidez y contar con asesoramiento jurídico.

Estos elementos pueden resultar decisivos para que el ulterior desenlace del conflicto nos resulte favorable.

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